Ado. 250-2023 Reglamento Cobro Apostilla

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 250-2023

Guatemala, 13 de noviembre de 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto número 2-2023, el Congreso de la República de Guatemala emitió la Ley que Faculta el Cobro por la Emisión de Certificados de Apostilla y de Legalización de Documentos Provenientes del Extranjero.

CONSIDERANDO

Que el Decreto Número 2-2023 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Faculta el Cobro por la Emisión de Certificados de Apostilla y de Legalización de Documentos Provenientes del Extranjero, establece que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe emitir el reglamento de la referida Ley, el cual debe determinar el costo del Certificado de apostilla y del certificado de legalización de documentos, así como la modalidad de cobro de los ingresos que se perciban por la emisión de dichos certificados, los cuales constituyen fondo privativo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en el Artículo 4 del  Decreto  Número 2-2023 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Faculta el Cobro por la Emisión de Certificados de Apostilla y de Legalización de Documentos Provenientes del Extranjero.

ACUERDA

Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY QUE FACULTA EL COBRO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE APOSTILLA Y DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO, DECRETO NÚMERO 2-2023 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Artículo 1. Costo de los certificados de apostilla y de legalización de documentos. Los certificados de apostilla y de legalización de documentos que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene el costo siguiente:

a)    Certificado de apostilla: ciento cincuenta quetzales (Q.150.00).

b)    Certificado de legalización de documentos: Ciento cincuenta quetzales (Q.150.00).

Los montos anteriores constituyen fondo privativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su destino es específico para los fines señalados en el Artículo 3 del Decreto Número 2-2023 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que faculta el Cobro por la Emisión de Certificados de Apostilla y de Legalización de Documentos Provenientes del Extranjero.

Artículo 2. Modalidad de cobro. El cobro del certificado de apostilla que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en la Haya el 5 de octubre de 1961 y del certificado de legalización de documentos provenientes del extranjero o que surtirán sus efectos en un Estado que no es parte del referido Convenio, debe realizarse a través de los medios electrónicos puestos a disposición por ese Ministerio.

En caso de fuerza mayor el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá determinar la modalidad temporal de cobro. Como casos de fuerza mayor se entenderán aquellas circunstancias que, de forma generalizada, impidan acceder o aplicar medios electrónicos para efectuar el pago del costo de los certificados de apostilla y de legalización de documentos.

Artículo 3. Certificados sin costo. Los certificados de apostilla y de legalización de documentos que se emitan a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de extradición, no tienen costo alguno. Tampoco tienen costo los certificados de apostilla y de legalización de documentos  que se emitan por reposición de certificados que contengan inconsistencias atribuibles al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4. Solicitudes pendientes. El cobro al que se refiere al Artículo 1 del presente Reglamento, es aplicable a las solicitudes de certificados de apostilla y de certificados de legalización de documentos realizados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 5. Revisión del costo. Los costos establecidos en el presente Reglamento se revisarán periódicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto que, de ser necesario, los mismos se adecúen al cumplimiento de los fines señalados en el Artículo 3 del Decreto Número 2-2023 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que faculta el cobro por la Emisión de Certificados de Apostilla y de Legalización de Documentos Provenientes del Extranjero, para lo cual se deberá reformar este Reglamento.

Artículo 6. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir treinta días después de de su publicación en el Diario de Centro América, cuya publicación se realizara sin costo alguno por ser de estricto interés del Estado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 112-2015 del Presidente de la República, de fecha 28 de marzo de 2015.

COMUNÍQUESE 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

 

MARIO ADOLFO BÚCARO FLORES

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

 

Lcda. María Consuelo Ramírez Scaglia

SECRETARIA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

 

Dto. 2-2023 Cobro por Apostilla

DECRETO NÚMERO 2-2023 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala e parte por adhesión del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República de Guatemala, mediante el Decreto Número 1-2016, determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad designada por el Estado de Guatemala como la competente para la aplicación del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

CONSIDERANDO:

Que es necesario prestar a los usuarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, un servicio presencial y a distancia de forma moderna y eficiente, a través de la implementación de herramientas y sistemas de gestión digital o electrónica, por medio de servicios informáticos e infraestructuras tecnológicas modernas; por lo que es imperativo dotar el referido Ministerio de recursos mediante un cobro por la emisión de certificados de apostilla y de certificados de legalización de documentos provenientes del extranjero o que surtirán sus efectos en un Estado que no es parte del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, que realiza dicha Cartera.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY QUE FACULTA EL COBRO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE APOSTILLA Y DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

ARTICULO 1. Se establece que el certificado de apostilla que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, tendrá un costo que será determinado en el reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 2. Se establece que el certificado de legalización de documentos provenientes del extranjero o que surtirán sus efectos en un Estado que no es parte del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrá un costo que será determinado en el reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 3. Los ingresos provenientes por la emisión de certificados de apostilla y de certificados de legalización de documentos provenientes del extranjero o surtirán sus efectos en un Estado que no es parte del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituirán fondo privativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y serán destinados específicamente para financiar:

a.  El mantenimiento y optimización continua del sistema que garantice la sostenibilidad, eficiencia y calidad del Servicio de Apostilla Electrónica, mediante el uso de redes de datos interconectadas para comunicación;

 

b.    La implementación, mantenimiento y optimización continua del sistema que permita emitir los certificados de legalización de documentos provenientes del extranjero o que surtirán sus efectos en el Estado que no es parte del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la utilización de redes de datos interconectadas para comunicación;

 

c.  Otros gastos relacionados con los servicios de Apostilla Electrónica y certificados de legalización de documentos provenientes del extranjero o que surtan sus efectos en el Estado que no es parte del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.

 

El reglamento de la presente Ley determinará lo relativo a la disposición que antecede y a la modalidad de cobro de dichos ingresos.

ARTICULO 4. El Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá emitir el reglamento respectivo para la aplicación del presente Decreto, dentro de un plazo de sesenta (60) días.

ARTICULO 5. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA

PRESIDENTA 

MAYNOR GABRIEL MEJÍA POPOL

SECRETARIO 

ANÍBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO

SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, nueve de febrero del año dos mil veintitrés

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GIAMMATTEI FALLA

MARIO ADOLFO BÚCARO FLORES

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Lcda. María Consuelo Ramírez Scaglia

SECRETARIA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

 

 

LOJ: Documentos Extranjeros

CAPITULO IV

DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

ARTICULO 37. Requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si los documentos están redactados en idioma extranjero deben ser vertidos al Español bajo juramento por traductor autorizado en la República; de no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas.

ARTICULO 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original.

Al revisar los protocolos notariales el director del archivo general de protocolos hará constaren el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes.

ARTICULO 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que, a juicio de la autoridad correspondiente, no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se dejará copia certificada en los autos.

Sin embargo tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite, mediante razón circunstanciada, pero en tal caso, el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización.

En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad.

ARTICULO 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos, dentro del plazo de diez días, de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieren sido pagados en el acto de protocolización.

El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético delos otorgantes.

La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de veinticinco quetzales (Q.25.00) que impondrá el director del archivo general de protocolos e ingresará a los fondos judiciales.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado.

ARTICULO 41. Impuesto de papel sellado y timbres. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponde.

ARTICULO 42. Régimen especial. Lo preceptuado en este capítulo no es aplicable a documentos regidos por normas especiales, de orden interno o internacional, en todo aquello que se oponga a su naturaleza, finalidad o régimen particular.

ARTICULO 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta Ley.

ARTICULO 44. Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República o contravienen el orden público.

 

Dto. 1-2016 Convenio de la Haya

DECRETO NÚMERO 1-2016

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, el Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a) y I) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

ARTICULO 1. Se aprueba el Convenio Suprimiendo la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.

ARTICULO 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores será la autoridad designada por el Estado de Guatemala, como la competente para la aplicación del presente Convenio.

ARTICULO 3. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

 

MARIO TARACENA DÍAZ-SOL
PRESIDENTE

LUIS ALBERTO CONTRERAS COLÍNDRES
SECRETARIO

 

OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, quince de febrero del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MORALES CABRERA

CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

 

CARLOS ADOLFO MARTÍNEZ GULARTE
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

Convenio Suprimiendo Pases de Ley

XII. CONVENIO ¹ SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA
DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
PÚBLICOS EXTRANJEROS
(hecho el 5 de octubre de 1961)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros,

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

ARTICULO 1. El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;

c) los documentos notariales;

¹ Se utiliza el término «Convenio» como sinónimo de «Convención».

² Se ha utilizado como texto de base la traducción realizada en España y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de septiembre de 1978. Existen también otras traducciones realizadas en Argentina y Panamá.

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará:

a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;

b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

ARTICULO 2. Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.

ARTICULO 3. La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla3 descrita en el art. 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento.

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento.

ARTICULO 4. La apostilla prevista en el art. 3, párrafo primero, se colocará sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo y deberá acomodarse al modelo anejo al presente Convenio.

³ En la traducción realizada en Argentina se utiliza el término «acotación» por «apostilla».

Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua. El título «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» deberá mencionarse en lengua francesa.

ARTICULO 5. La apostilla se expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del documento.

Debidamente cumplimentada, certificará la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documente lleve.

La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedarán exentos de toda certificación.

ARTICULO 6. Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base al ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado atribuye competencia para expedir la apostilla prevista en el párrafo primero del art. 3.

Cada Estado contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Le notificará también a dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

ARTICULO 7

Cada una de las autoridades designadas conforme al art. 6 deberá llevar un registro o fichero en el que queden anotadas las apostillas expedidas, indicando:

a) el número de orden y la fecha de la apostilla,

b) el nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre.

A instancia de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la apostilla deberá comprobar si las anotaciones incluidas en la apostilla se ajustan a las del registro o fichero.

ARTICULO 8. Cuando entre dos o más Estados contratantes exista un tratado, convenio o acuerdo que contenga disposiciones que sometan la certificación de una firma, sello o timbre a ciertas formalidades, el presente Convenio sólo anulará dichas disposiciones si tales formalidades son más rigurosas que las previstas en los arts. 3 y 4.

ARTICULO 9. Cada Estado contratante adoptará las medidas necesarias para evitar que sus agentes diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, en los casos en que el presente Convenio prevea la exención de las mismas.

ARTICULO 10. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Novena Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como de Irlanda, Islandia, Licchtenstein y. Turquía.

Será ratificado, y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

ARTICULO 11. El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto en el párrafo segundo del art. 10.

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

ARTICULO 12. Cualquier Estado al que no se refiera el art: 10, podrá adherirse al presente Convenio, una vez entrado éste en vigor en virtud del art. 11, párrafo primero. El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hayan formulado objeción en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el art 15, letra d). Tal objeción será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no hayan formulado objeción a la adhesión a los sesenta días del vencimiento del plazo de seis meses mencionado en el párrafo precedente.

ARTICULO 13. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales esté encargado, o a uno o más de ellos. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

Posteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Cuando la declaración de extensión se haga por un Estado que haya firmado y ratificado el Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afectados conforme a lo previsto en el art. 11. Cuando la declaración de extensión se haga por un Estado que se haya adherido al Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afectados conforme a lo previsto en el art. 12.

ARTICULO 14. El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme al párrafo primero del art. 11, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente al mismo.

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.

La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años.

Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio.

La denuncia sólo tendrá efecto con respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.

ARTICULO 15. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que se hace referencia en el art. 10, así como a los Estados que se hayan adherido conforme al art. 12:

a) las notificaciones a las que se refiere el art. 6, párrafo segundo;

b) las firmas y ratificaciones previstas en el art. 10;

c) la fecha en la que el presente Convenio entrará en vigor conforme a lo previsto en el art. 11, párrafo primero;

d) las adhesiones y objeciones mencionadas en el art. 12 y la fecha en la que las adhesiones hayan de tener efecto;

e) las extensiones previstas en el art. 13 y la fecha en la que tendrán efecto;

f) las denuncias reguladas en el párrafo tercero del art. 14.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961, en francés e inglés, haciendo fe el texto francés en caso de divergencia entre ambos textos, en un solo ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Novena Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y también a Islandia, Irlanda, Licchtenstein y Turquía.